Atentado a la AMIA: la Justicia define en septiembre la validez constitucional del juicio en ausencia
A 32 años del atentado contra la sede de la AMIA, el reclamo de justicia volvió a colocarse en el centro de la agenda pública tras el acto de homenaje encabezado por el presidente de la mutual, Osvaldo Armoza, que contó con la presencia del mandatario nacional Javier Milei. En ese escenario, el principal foco de conflicto radica en la parálisis judicial en torno a la aplicación de la Ley 27.784 de juicio en ausencia, una herramienta clave que busca sentar en el banquillo a los acusados de origen iraní y de la organización Hezbollah.
La resolución del conflicto normativo se encuentra actualmente bajo el análisis de la Cámara Federal de Casación Penal, que ya fijó una audiencia para el próximo 10 de septiembre para escuchar a las partes involucradas. La controversia escaló luego de que el defensor oficial ante esa instancia, Enrique María Comellas, mantuviera el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de juicio en ausencia por considerar que vulnera garantías básicas del debido proceso.
El debate legal por los acusados ausentes
La defensa oficial sostiene que la aplicación de la normativa impediría a los imputados solicitar un nuevo juicio en caso de que en el futuro decidan presentarse ante los tribunales argentinos o resulten detenidos. Asimismo, argumentan que la puesta en marcha de este mecanismo podría limitar la investigación y obturar la exploración de otras hipótesis delictivas alternativas que no hayan sido suficientemente analizadas.
La disputa en los tribunales federales se arrastra desde mediados del año pasado. El 26 de junio, el juez federal Daniel Rafecas hizo lugar al pedido de las querellas de los familiares de las víctimas y de la fiscalía, ordenando el juicio en ausencia para diez de los acusados. La medida fue apelada por el defensor Hernán Silva, pero confirmada por la Cámara Federal porteña en octubre. Ahora, la decisión final sobre la constitucionalidad de la norma está en manos de los jueces de Casación Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.
A pesar de la falta de una resolución firme en el máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal le encomendó al juez Daniel Rafecas avanzar con las medidas previas para elevar la causa a juicio. Para cumplir con este objetivo, el magistrado —quien subroga este año el Juzgado Federal N° 6 tras la jubilación de su titular Rodolfo Canicoba Corral— debió conformar un equipo especial de trabajo para agilizar el expediente.
Archivos en riesgo: el traslado de documentos y la amenaza del asbesto
Otro de los ejes críticos de la causa AMIA está vinculado a la preservación y digitalización de la documentación de inteligencia acumulada durante décadas. Según el último informe semestral del Área de Análisis de la UFI AMIA —unidad fiscal a cargo de Sebastián Basso—, gran parte del material documental que se encontraba en el Palacio Barolo fue trasladado al edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), bajo la supervisión de la Escribanía General de Gobierno, la Policía Federal y Bomberos.
No obstante, las tareas de mudanza y catalogación se toparon con un grave peligro ambiental: la detección de altas concentraciones de asbesto degradado en los subsuelos del Palacio Barolo donde se guardaba la documentación. Esta situación obligó a implementar protocolos de descontaminación de urgencia y aún resta analizar el estado de unas 451 cajas que podrían estar afectadas por el material cancerígeno.
A pesar de estas dificultades logísticas y sanitarias, el equipo de la UFI AMIA logró mantener las tareas de sistematización e inventario, con la digitalización de más de 12.000 fojas y la clasificación de miles de casetes y soportes audiovisuales. En paralelo, la fiscalía especializada reiteró los pedidos formales de acceso a las bases de datos y registros históricos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).